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FORO INTERRELIGIOSO DE LAS AMERICAS<\/span><\/b> EN LA VIII CUMBRE DE LAS AMERICAS<\/span><\/i><\/b> “GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA FRENTE A LA CORRUPCION”<\/span><\/i><\/b> LIMA, 10 Y 11 DE ABRIL DE 2018<\/span><\/b> DECLARACION FINAL<\/span><\/b> DOCUMENTO DE RECOMENDACIONES DE LA COALICION No. 9 “ALIANZA INTERRELIGIOSA PARA LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE”<\/span><\/i><\/b> La ética pública es una preocupación fundamental y prioritaria para las comunidades de fe y espiritualidades de las Américas. Sin embargo, nuestra participación en los esfuerzos anticorrupción es diferente en los países de la región. Muchas organizaciones religiosas no están familiarizadas con los programas nacionales anticorrupción. La VIII Cumbre de las Américas “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción” es una oportunidad para involucrar a las diversas comunidades de fe y espiritualidades del hemisferio de manera más efectiva en los esfuerzos anticorrupción, considerando que existe un amplio campo de preocupaciones compartidas sobre los efectos nocivos de la corrupción en las personas más pobres y vulnerables. Entendemos que la lucha contra la corrupción está enlazada con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) al 2030, los cuales incluyen la meta 16.5: Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas. Asimismo, comprendemos que para el combate contra la corrupción es necesaria una respuesta integral que incluya un enfoque de derechos humanos, en razón del impacto desproporcionado que tiene sobre las personas que pertenecen a los grupos vulnerables y desaventajados. La reciente resolución 1\/18 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) considera a la corrupción como un complejo fenómeno que afecta a los derechos humanos en su integralidad –civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales–, así como al derecho al desarrollo de las personas y las sociedades, y por ello, también, debilita la gobernabilidad y las instituciones democráticas, fomenta la impunidad, socava el Estado de Derecho y exacerba la desigualdad. En razón de todo ello, nuestra Coalición recomienda a los jefes de Estado y de Gobierno que se reúnen en la VIII Cumbre de las Américas: 1. <\/span>Alentar los programas de educación en valores, en todos los niveles de enseñanza pública y privada, que promuevan la capacidad de discernimiento para generar conductas basadas en la integridad, entendida como una convivencia fundada en los valores de la honestidad, la confianza, el respeto y la verdad; 2. <\/span>Promover la responsabilidad ética corporativa o empresarial, que comprende todos los aspectos de la conducta de los negocios y es relevante en cuanto a la conducta individual de las personas como a la de las organizaciones en su conjunto; 3. <\/span>Establecer objetivos hemisféricos de integridad pública, que incluyan compromisos en los más altos niveles políticos, responsabilidades institucionales en el sector público, normas de conducta estrictas para los funcionarios públicos, enfoques estratégicos basados en datos empíricos, colaboración del conjunto de la sociedad, inversión en liderazgo integro, mecanismos de sanción apropiados y participación de la sociedad civil; 4. <\/span>Fortalecer la lucha contra la financiación ilegal de los partidos políticos y sancionar la responsabilidad penal de quienes reciben o entregan, como personas físicas o jurídicas, pagos emanados de la corrupción o encubiertos por actos de lavado de activos; 5. <\/span>Alentar la participación ciudadana en las denuncias contra la corrupción, en todos los ámbitos y niveles de la administración pública, incluyendo el Poder Judicial, el Ministerio Publico, el sistema de designación de jueces y fiscales, y las fuerzas de orden público, y en el seguimiento ciudadano de las causas judiciales de corrupción, a fin de erradicar la impunidad; 6. <\/span>Mejorar la cooperación penal hemisférica, que comprenda el intercambio de evidencia jurídica a través de la colaboración directa entre las Fiscalías sin intervención de los Poderes Ejecutivos y la facilitación de las delaciones premiadas en múltiples jurisdicciones; 7. <\/span>Actualizar la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC), para responder a la creciente ola de corrupción de empresas transnacionales con sedes en otros países del hemisferio; y 8. <\/span>Reformar el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC), para dotarlo de carácter independiente, transparente y técnico, y que incluya la participación activa y efectiva de la sociedad civil. Por otra parte, las organizaciones miembros de nuestra Coalición se comprometen a fortalecer sus propios procesos de trasparencia y rendición de cuentas, y a involucrarse más activamente en las iniciativas nacionales anticorrupción en los países del hemisferio.